Ok Diario

19 diciembre, 2018

El derecho de reunión, dice

El martes el Parlamento de Cataluña aprobó una moción, con los votos de independentistas y comunes, que tacha la Constitución española de antidemocrática y antisocial, pretextando para ello la asignación al Rey de facultades de intervención política, la ausencia del reconocimiento del derecho de autodeterminación de las naciones históricas, la atribución a las Fuerzas Armadas de la defensa de la integridad territorial, la definición de España como economía de mercado o que la Sanidad Pública no esté recogida como derecho fundamental. Ninguna de las razones –comprenderán la licencia– del documento refieren un solo rasgo que pueda ser tenido por antidemocrático o antisocial, pero lo cierto es que no hay de qué sorprenderse, pues hace años que el nacional-populismo, mayoritario en la institución, dejó de atenerse al principio de realidad.

Que semejante supuración de adolescencia sea siquiera tenida en cuenta –ya no digamos que salga adelante– demuestra a las claras de que el cretinismo de esta Anti-España no tiene suelo. Ni en España hay “naciones históricas”, ni el derecho a la sanidad está recogido como tal en ninguna Constitución moderna, ni en democracia es insólito –antes al contrario– que las Fuerzas Armandas tengan la misión de defender la integridad territorial ni, por supuesto, que la Carta Magna reconozca “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”, tal como reza el artículo 38. es una extravagancia ibérica. Por cierto, que los diputados de la antigua Convergència (CiU) se declaren a favor de este punto demuestra la magnitud del fingimiento.

En el intento de caracterizar a España como un Estado postfranquista, el nacionalismo no se para en barras, al punto de perpetrar un filtro por el que sencillamente no habría en el mundo una sola democracia. Pero lo peor, como es costumbre, no es este ejercicio de demagogia, sino que el Gobierno conceda estatus de normalidad –o, como el pasado 17 de agosto, cuando Torra llamó a “atacar un Estado Español injusto”, atenúe la afrente diciendo que, después de todo, sólo son palabras–. A la hora en la que escribo, ha trascendido que Pedro Sánchez celebrará una reunión –¡Una minicumbre!– con Quim Torra, nada menos que el cabecilla de la facción secesionista que no cesa en el empeño de envenenar la convivencia en Cataluña. El mismo hombre que instigó, a través de los CDR a los que reclamó que “apretaran” el boicot al Consejo de Ministros del viernes en Barcelona.

Sobre este punto, resulta una desfachatez que la portavoz de Torra, Elsa Artadi, dijera, cuando le preguntaron recientemente por la posibilidad de que hubiera disturbios, que la obligación del Govern es garantizar tanto el derecho de reunión como el de manifestación. ¡El derecho de reunión! Como si el Gobierno de la Nación tuviera que invocarlo para cumplir con su cometido, o estuviéramos, en lugar de ante un Consejo de Ministros, ante una concentración de indignados. No, Artadi, el Consejo de Ministros es un órgano colegiado plenario del Gobierno, y puede reunirse cualquier día, a cualquier hora y en cualquier parte del territorio nacional español. Barcelona, por ejemplo. Dejemos ahora de lado la evidencia de que toda esa retórica equidistante de la bicapitalidad del Estado, o la reivindicación tercerista de que España prodigue a Cataluña algo más de cariño carezca de sentido –ya hemos visto el odio que desata cualquier concesión en este sentido–. Ni usted, Artadi, ni su jefe son nadie para autorizar que el Poder Ejecutivo de España desarrolle sus funciones.

Publicado en Ok Diario el 19 de diciembre de 2018