Hace poco más de un mes, Elvira Roca Barea y yo publicamos un artículo en un periódico de tirada nacional en el que llamábamos la atención acerca de cómo las autoridades belgas, concretamente los políticos de los partidos nacionalistas flamencos N-VA y Vlaams Belaang, habían acogido con insólita efusión al ex presidente Puigdemont, dando así pábulo a su caracterización como ‘perseguido político’. Tal y como entonces pusimos de manifiesto, la trama de complicidades que ha suscitado en Bélgica el nacionalismo catalán, en general, y Puigdemont, en particular, es inexplicable sin cierto latido hispanófobo, el mismo, por cierto, que pervive en la idea, ampliamente compartida por los sectores más ultramontanos de la política y la prensa belgas, de una Cataluña rebelde en lucha contra un Estado anclado en el franquismo. Como expuso Antonio Muñoz Molina en su esclarecedor artículo ‘En Francoland’: “El estereotipo es tan seductor que lo sostienen sin ningún reparo personas que están convencidas de sentir un gran amor por nuestro país. Nos quieren toreros, milicianos heroicos, inquisidores, víctimas. Nos aman tanto que no les gusta que pongamos en duda la ceguera voluntaria en la que sostienen su amor”.
Traigo el asunto a colación por la tormenta política que azota Bélgica estos días y que evidencia, una vez más, el carácter espurio de la indulgencia para con Puigdemont de algunos de sus mandantes. El detonante de la crisis ha sido la deportación de una docena de ciudadanos sudaneses que, al retornar a su país de origen, sufrieron torturas. Así lo documentó el Instituto Tahrir, observatorio político de referencia en el área de Oriente Próximo y sus zonas de influencia. Al conocerse tal extremo, todas las miradas se volvieron al ministro de Migración, Theo Francken, que había recibido en septiembre a una delegación política de Sudán para que sus integrantes identificaran a sus compatriotas y aceptaran las expulsiones ordenadas por Bélgica. Ciertamente, se trata de una práctica común de los países europeos para fomentar los retornos de migrantes sin derecho a asilo, en un contexto internacional, además, que prima las expulsiones frente a la acogida. Ahora bien, cualquier decisión al respecto ha de observar una serie de preceptos. Entre ellos, que el Estado que retorna a los inmigrantes se asegure de que éstos no corren riesgo alguno de sufrir un trato degradante a su llegada al país de origen. Según el Instituto Tahrir, en el caso de estos sudaneses no fue así, circunstancia, por lo demás, que tampoco puede calificarse de anómala, pues recordemos que el presidente del país, Omar al Bashir, está acusado de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional.
Lo indignante del caso es que, casi al mismo tiempo que el ministro Francken decretaba la expulsión de los africanos, ofrecía “asilo político” a Puigdemont, pues, a su entender, España es una democracia fake donde el poder se halla en manos de un aparato político-jurídico que, en lo sustancial, sigue los dictados del franquismo. Nada comparable, en fin, a Sudán, ese faro del progreso y la libertad. Después de todo, y por muchas acusaciones que pesen contra Bashir, qué es sino un pigmeo de la historia al lado del malvado, sanguinario y desalmado Duque de Alba.
Ironías aparte, el humo de los prejuicios nacionalistas ciega los ojos de algunos de los políticos europeos y, sin excusas, de sus votantes. Es deber de los liberales de toda Europa promover el estudio y la difusión de la realidad histórica europea, desenmascarando los mitos que la Europa de antaño endosaba a sus ahora conciudadanos. El programa Erasmus y viajar ayudan mucho, pero no es ni mucho menos suficiente.
