By Sylvia Sans
Hace unos 25 años, España era todavía un país atrasado en comparación con el resto de Europa, pero desde finales de los ochenta hasta nuestros días, hemos experimentado un progreso fulgurante, casi milagroso, y hoy podemos decir, sin temor a faltar a la verdad, que España es una democracia avanzada, homologable a cualquiera de las democracias que integran el núcleo de la Unión Europea. Es, además, un país donde se vive razonablemente bien; nuestras playas están limpias, la línea ferroviaria de alta velocidad llega a las principales ciudades y nuestro sistema sanitario es ejemplar. Además, somos uno de los países más seguros para las mujeres y de los menos etnocéntricos y homófobos de Europa.
Y en eso llegó el Procés, encabalgado de manera oportunista en una crisis económica particularmente gravosa en España. Yo llegué al Parlamento poco después de las primeras manifestaciones masivas, de que empezara a arraigar la impresión de que la amenaza iba en serio. Y pese a todo, estaba segura de que Europa, lugar de origen de tantos millones de turistas y visitantes que han conocido de primera mano nuestra realidad, no iba a conceder ningún el más mínimo crédito a nuestros separatistas.
Pero no fue así, o al menos no en el modo en que yo y tantos otros españoles lo habíamos previsto. Todo aquello que dábamos por finiquitado: las leyendas negras, los prejuicios antisureños, el bandolerismo, la España de Carmen, la Guerra Civil como ensoñación romántica… todo estaba más presente de lo que pudimos llegar a sospechar. A ello, sin duda, habían contribuido decisivamente nuestra izquierda hispanófoba y nuestros nacionalistas periféricos. Sea como fuere, la puesta al día de España se vio de pronto comprometida.
Mi grupo político en el Parlamento Europeo, Alde, era paradigmático en este sentido. Durante años, los únicos interlocutores españoles que habían tenido mis compañeros fueron dos partidos nacionalistas (el PNV y Convergència), que habían hecho una labor de zapa formidable desacreditando a España. Pero eso no sólo ocurría en mi grupo del Parlamento Europeo: ocurría en todos los lugares a los que su tenacidad y profusión de medios económicos les habían permitido llegar.
El punto de inflexión más dramático fue el día 2 de octubre del 2017, cuando después del referéndum y las alarmantes noticias en la prensa europea, vi con gran consternación qué fácilmente era asumida la idea de una España con rémoras franquistas, cómo se daba por cierto que nuestra policía poco o nada se distinguía de los grises de mediados de los setenta, y cómo se daba carta de veracidad a la existencia de mil heridos.
El Estado, y muy concretamente el Gobierno del Partido Popular, asistía a la crisis cruzado de brazos, confiando en que la realidad se impondría a la propaganda. Pero no fue así. Sobre todo, no fue así en instancias tan sensibles como algunos medios de comunicación. Por cierto, y ya que hablamos de propaganda, esta misma semana se ha publicado un estudio en la prestigiosa revista científica Proceedings (PNAS) que analizaba la actividad en Twitter durante el referéndum del 1-O (4 millones de tuits). Pues bien, el trabajo revela que el separatismo recurrió a robots, a usuarios automáticos de pago, para exacerbar el conflicto, mediante, por ejemplo, el uso de etiquetas como #sonunesbesties, en alusión a la policía y la Guardia Civil. Y a todos nos viene a la cabeza el caso de Sandrine Morel, que en su libro El huracán catalán explica cómo un asesor del Gobierno catalán le decía, textualmente, “si te pongo una página de publicidad tú vas a escribir lo que a mí me dé la gana, aquí las cosas funcionan así”.
Hoy nos acompañan tres ponentes que, en cierto modo, pertenecen al target al que el Gobierno catalán dirigió sus esfuerzos. Con la honrosa, digna particularidad de que ninguno de los tres compró ese relato.
A Marlene Wind, directora del Centro de Política Europea, en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copehague, la conocemos por los aprietos que le hizo pasar a Carles Puigdemont cuando éste acudió a su universidad a tratar de convencer a una audiencia informada (más informada de lo que él creía, seguramente) de que en España no hay libertades y él es un exiliado.
El corresponsal en España del diario Libération, François Musseau, se ha mostrado crítico con el procés, pero también ha observado aspectos reprochables, en el Gobierno central. De ello nos hablará con plena libertad, que de eso, al fin y al cabo, se trata.
Y Paul Ingendaay es corresponsal de Cultura para España y Portugal del Frankfurter Allgemeine Zeitung (o simplemente FAZ), y no, como dice el cartel, colaborador. (Disculpa, Paul, la imprecisión.) Gran conocedor de nuestro país, es autor, entre otras obras, del libro Instrucciones de uso para España, y, por lo que toca a este acto, digamos que concitó la ira de los independentistas por un artículo en que se hacía eco de los tuits xenófobos que había publicado Quim Torra. Aunque en 2012 también cuestionó, abro comillas, “el tono autoritario de la prensa de Madrid”.
