La confesión de Jordi Pujol, por Teresa Freixes

Un fraude confeso

Por Teresa Freixes

 

© EFE/lafototeca.com

Por poner un punto de inicio a la judicialización del proceso a la independencia, quizás tuviéramos que situarnos en el momento en el que un expresidente de la Generalitat, el padre de la patria Jordi Pujol, reconoció públicamente que había estado defraudando al fisco durante décadas. Aquel día yo estaba en un congreso en la Universidade do Minho, en Portugal, y el salto que pegué en el asiento al leerlo en el móvil lo recuerdan todos los asistentes. En paralelo, los pujolianos vástagos , comenzaron a tener también problemas judiciales derivados de su participación en corruptelas orquestadas desde la Administración pública (el pequeño, con el tema de las ITV) o el tráfico de dinero e influencias más descarado que hemos visto en los últimos tiempos (el mayor, con las sacas de dinero a Andorra y los desvíos a paraísos fiscales de todo el mundo). Si a ello añadimos el recientemente sentenciado, en primera instancia, caso Palau, en el que estrechos colaboradores del mencionado paterfamilias han sido condenados por los cobros de comisiones ilegales recibidas a cambio de la adjudicación de obra pública, cuando no de expolio directo de donaciones y subvenciones que se entregaban al Palau de la Música, tenemos un cuadro inicial perfecto para entender que de aquellos polvos vinieron estos lodos, puesto que la vía “procesual” se ha ido intensificando a medida que los pleitos han ido avanzando.

Ha habido una planificación sistemática y efectivamente realizada por aquellos que, durante la transición, ya cantaban: “Ahora paciencia, mañana independencia”. El documento que, con el título “La estrategia de la recatalanización”, emanado del entorno de Pujol, y publicado en El Periódico de Cataluña con fecha 28 de octubre de 1990, explicaba con pelos y señales lo que la Generalitat y CiU habían diseñado con la finalidad de “catalanizar” a Cataluña. Nueve eran los ámbitos de actuación en los que era necesario construir las bases del nuevo estado: pensamiento, enseñanza, universidad e investigación, medios de comunicación, entidades culturales y de ocio, mundo empresarial, proyección exterior, infraestructuras y administración. Como en todo sistema totalitario que se precie, nada quedaba sin ser objeto de control. ¿Totalitario, he dicho? Sí, totalitario, pues totalitario es el sistema que, usando distintos métodos de ingeniería social pretende homogeneizar los distintos vectores del sistema, para ponerlo al servicio de una ideología.

Pero, además de ello, han buscado impunidad. No contentos con intentar dejar sin efecto las disposiciones constitucionales y legales en vigor, el artículo 12 de la Ley de transitoriedad jurídica e instauración de la República (declarada anticonstitucional) dispone que el Gobierno de la Generalitat podrá dictar las disposiciones necesarias para la adaptación, modificación e inaplicación del Derecho local, autonómico y estatal vigentes, y que estos decretos también van a servir para recuperar las normas que hayan sido anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional y el resto de tribunales, incluyendo la amnistía a los condenados -aunque fuera con sentencia firme- por conductas dirigidas a obtener la independencia de Cataluña. Se les ve el plumero: buscan, también, la impunidad. Claro, como se trata de blindarse ante posibles imputaciones judiciales, la Ley establece una amnistía para todos aquellos que, incluso existiendo sentencia firme, hayan sido procesados, juzgados o condenados por algo que tuviera que ver con el proceso de Cataluña hacia la independencia. De este modo, Pujol, Mas, Millet, etc. etc… todos hubieran quedado exentos de responsabilidad. ¡Qué tiempos!

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Teresa Freixes es catedrática de derecho constitucional del Departamento de Ciencia Política y de Derecho Público de la UAB y catedrática Jean Monnet ad personam.

Foto de Teresa Freixes: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – MIGUEL LORENZO

Este artículo se halla incluido en la obra coral Constitucionalismo en el horizonte europeo