20 abril, 2018

La CE rechaza la enésima intentona nacionalista de criminalizar a España por el 1-O

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Los promotores del procés se han afanado, desde que éste diera comienzo, en convertir el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en una caja de resonancia del soberanismo y la denuncia de las, a su decir, irregularidades de la democracia española. Como es sabido, el magno órgano comunitario no sólo no se ha prestado a ello, sino que viene desautorizando, a menudo con inusual vehemencia, cualquier intento en este sentido. Recientemente, y a raíz de los sucesos del 1-O y la consiguiente intervención policial, nacionalistas, izquierdistas y ultraderechistas plantearon una nueva batería de preguntas a la CE.

Así, el eurodiputado nacionalista Ramón Tremosa, haciéndose eco de que la Guardia Civil (“una fuerza militar encargada de tareas policiales”, aclaraba) ‘había acosado’ a los trabajadores de una imprenta en Constantí (Tarragona) en sus labores de búsqueda de papeletas para el 1-O, así como de las “amenazas del Fiscal General de España” (el nacionalismo reserva la palabra ‘España’ para la ofensa, porque en este caso lo prescriptivo y ortodoxo es decir ‘Fiscal General del Estado’, y ‘Estado’ es, precisamente, la palabra con la que suelen suplir a España en el intento, estéril donde los haya, de negarla); a cuenta, decía, del “acoso” a trabajadores y las “amenazas” a funcionarios, alcaldes y medios de comunicación, Tremosa preguntaba: “¿Qué medidas va a tomar la Comisión ante la deriva autoritaria y represiva del Gobierno de España?”.

Por su parte, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde (Podemos y lo que le cuelga) reclamaron a la CE que pusiera en marcha “un mecanismo preventivo o incluso (¡!) un proceso contra el Estado español (aquí sí, Estado) por la persecución policial el 1-O”.

Asimismo, un bloque de eurodiputados nacionalistas y de izquierdas, entre los que se contaban Ernest Urtasun, Marina Albiol, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, el ínclito Tremosa, Miguel Urbán e Izaskun Bilbao (sí, su nexo principal no es otro que España), quiso saber “¿qué medidas va a tomar la Comisión ante la deriva autoritaria y represiva del Gobierno de España?”.

A ello se añadió una petición de condena por parte de Europa de las Naciones y las Libertades (el Frente Nacional de toda la vida) al Gobierno español por “la violencia policial contra la población civil”.

También yo, Teresa Giménez Barbat, formulé una pregunta a la CE:

El Parlamento de Cataluña aprobó los días 6 y 7 de septiembre dos leyes que vulneran, según los letrados del propio Parlamento y el Consejo de Garantías Estatutarias, tanto el reglamento del Parlamento como el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución Española.

Esas dos leyes violan infinidad de derechos de ciudadanos residentes en Cataluña y, por lo tanto, ciudadanos de la UE. Así, la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica articula la declaración unilateral de independencia tras la celebración de un referéndum sin garantías el 1.º de octubre, lo cual dejaría en suspenso todo el Derecho comunitario en Cataluña.

Asimismo, la otra ley aprobada, la del referéndum, regula la creación de un censo basado en datos sin que se exponga cómo y de dónde se van a obtener dichos datos, lo cual pone en peligro la privacidad y la protección de derechos de los ciudadanos residentes en Cataluña.

Dado que estas acciones afectan directamente a derechos fundamentales de ciudadanos de la UE de diversas nacionalidades residentes en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿tiene previsto la Comisión tomar algún tipo de medida para frenar la aplicación de dichas leyes y preservar la aplicabilidad del Derecho comunitario en Cataluña?

Como no es infrecuente, la Comisión Europea agrupó temáticamente las preguntas y presentó una respuesta única.

La Comisión cree que vivimos en tiempos que reclaman unidad y estabilidad, no división y fragmentación.

La Comisión manifestó confianza en el liderazgo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para gestionar este difícil proceso garantizando el pleno respeto de la Constitución española y de los derechos fundamentales de los ciudadanos en ella consagrados.

El 11 de octubre de 2017, la Comisión reiteró su anterior llamamiento al absoluto respeto del orden constitucional español y su confianza en las instituciones españolas y todas las fuerzas políticas que están trabajando para encontrar una solución en el marco de la Constitución española.

La Comisión Europea, en suma, desacredita el discurso nacionalpopulista, llama a respetar al orden constitucional y expresa su confianza en las instituciones españolas, mostrándose, una vez más, impermeable a la posverdad.

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