Me parece alucinante que el vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Pere Aragonés, acuse a PSC y Cs de intentar imponer un “cordón sanitario” al independentismo en el Ayuntamiento de Barcelona, y califique un eventual pacto de PSC y BenComú (+ Valls) como “155 político”. A su juicio, Ernest Maragall debería presidir el gobierno municipal por haber obtenido más votos que sus rivales, cuando lo cierto es que no hay ningún principio tácito que establezca que el alcalde debe ser el número uno de la lista más votada. ¿Hace falta recordar que Cs, con Inés Arrimadas a la cabeza, fue también el partido más votado en Cataluña en las elecciones del 2017? Más del 26% de los votos en la circunscripción de Barcelona y la presidencia de la Generalitat fue a manos independentistas.
En todo caso, se trata de un criterio previsto en el reglamento ante la posibilidad de que ningún candidato obtenga el apoyo de la mayoría absoluta del pleno. En el caso de Maragall, además, se da una contingencia que desvirtúa la supuesta bondad de dicha ‘norma’. Frente a cualquier achaque del titular, circunstancia en absoluto improbable, quien ascendería a primera edil es la ex común Elisenda Alamany, que añade, al furibundo nacionalismo de Maragall, la inexperiencia.
Con todo, el aspecto más hipócrita de las declaraciones de Aragonès es el olvido deliberado de lo que ha ocurrido en Cataluña (en verdad en toda España, pero de forma más grosera en Cataluña) en lo relativo a las políticas de pacto desde principios de la década de 2000, si no antes. No en vano, quienes pusieron en práctica la excomunión del adversario fue, precisamente, el nacionalismo, tanto el que se expresaba bajo las siglas CiU o ERC como el que lo hacía bajo las de PSC o ICV-EUiA, a quienes no le temblaba el pulso a la hora de deslegitimar como partido democrático al PP, primero, y a Cs después.
El hoy segundo de Torra en el Govern debía de ser un cachorro de las juventudes de ERC el 14 de diciembre de 2003, pero tengo por seguro que sabe a qué alude esa fecha. Ese día, en el Salón del Tinell del Palacio Real Mayor de Barcelona, propiedad del Ayuntamiento de la ciudad, el PSC, ERC e ICV-EUiA firmaron con toda clase de pompa el acuerdo por el que se constituía el infausto Tripartito, y que pasaría a la historia con el nombre de Pacto del Tinell. Pues bien, en un anexo, en el apartado ‘Criterios sobre actuación política’, los firmantes se comprometían a “no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP” y “a impedir la presencia del PP en el Gobierno del Estado”. Además, renunciaban a “pactos de gobierno y pactos parlamentarios [con el PP] estables en las cámaras estatales”. Lo que equivalía, en efecto, a repudiar a una formación que por entonces representaba a algo más de la mitad del electorado español. Una oficialización del sectarismo, al que dichos socios de gobierno pretendían conferir incluso un sello de respetabilidad.
El “Pacto del Tinell” es uno de los episodios más vergonzosos de la Historia de Cataluña. De hecho, Ciudadanos nació en parte como reacción a unos acuerdos que decretaron el apartheid de un sector importante de la ciudadanía catalana. Algo en lo que, insisto, participaron sin que les cayese la cara de deshonor los propios socialistas.
Ok Diario, 5 de junio de 2019